STOP DESAHUCIOS

El caso de Inocencia Lucha, que el lunes se quemó a lo bonzo en una oficina de CaixAlmassora, evidencia con toda su crudeza el drama social que se está viviendo en este país, con un paro desbocado y en el que no se ve un horizonte de salida de la crisis.

Durante los años felices de la bonanza económica asistimos a un ascenso imparable de los precios de la vivienda. Muchas familias se hipotecaron hasta las cejas a 20 y a 30 años incluso para poder tener acceso a un hogar –derecho constitucionalmente reconocido–.

Algunos nos preguntábamos cómo era posible que en el mercado inmobiliario los precios de las viviendas tuvieran ese ascenso tan vertiginoso cuando los sueldos de los trabajadores no evolucionaban en la misma progresión. Pero el panorama cambió radicalmente.

La burbuja estalló y comenzaron los problemas económicos: ascenso imparable del desempleo, agotamiento de las prestaciones…

La mayoría de las familias está pasando muchos apuros para llegar a fin de mes y hace lo indecible para pagar sus cuotas o renegociar con el banco la deuda para evitar perder su vivienda. Pero hay también otras muchas que acaban siendo desahuciadas por orden judicial. Seis cada día a lo largo del año pasado solo en la provincia de Castellón.

Pero lo peor es que en algunos casos, con la pérdida de la vivienda no se acaba la pesadilla, sino que el ciudadano sigue teniendo una deuda con el banco. Cuando una familia, que ya de por sí lo tiene crudo por falta de ingresos, para pagar el alquiler, la luz, el agua, los impuestos, la comida de sus hijos… Y encima le embargan las cuentas… ¿Qué pasa por su cabeza? 13 suicidios en lo que va de año por desahucios son unas cifras que nos deberían hacer reflexionar profundamente de hasta dónde hemos llegado y cuáles son nuestras prioridades como sociedad.

Ahora está en fase de debate la iniciativa legislativa popular para que, con carácter retroactivo, se acepte la dación en pago –que significa que con el desahucio se extingue la deuda–. Algunos pensarán que no se pueden cambiar las reglas del juego a mitad de partido, que si firma una hipoteca, poniendo el aval de una vivienda, el ciudadano debería saber que se arriesga a perder dicha vivienda más la hipotecada en caso de tener dificultades para poder pagar el préstamo. Y que los bancos –si ahora pierden dinero con estas operaciones—lo recuperarán por otro lado –alza de comisiones, dinero público para los rescates, requisitos mucho más estrictos para acceder a una hipoteca, lo que implicará cerrar el grifo y dejar a muchas familias sin posibilidad de acceso a un piso en propiedad…–.

Yo no sé la solución, pero debería ser analizado profundamente. No legislar a golpe de titular pero sí decidir qué es lo prioritario. Y que se recupere la economía. Y que todo esto nos sirva para reflexionar y poner las bases para que no vuelva a ocurrir.

Sobre Mari Carmen Tomás

Mari Carmen Tomás, periodista coordinadora de local sociedad.