El director opina – José Luis Valencia

Querido lector:

Las infraestructuras son necesarias para el desarrollo económico de un territorio. Sin ellas, las economías no son competitivas, las empresas no tienen oportunidades de comunicación, suministro, transporte, comercialización interior o exterior…. Y por tanto no generan empleo. NO son, por supuesto un factor único, pero sí uno de los factores claves para el desarrollo.

Del mismo modo, las infraestructuras deben incardinarse en el territorio lo más racional y adecuadamente posible. La gran mayoría de ellas generan un mayor o menor impacto ambiental, paisajístico, constructivo, humano… por lo que es imprescindible la adecuación sostenible actual y futura a ese territorio y a su población.

En Castellón esta semana se han suscitado dos situaciones muy distintas con dos infraestructuras básicas para la economía provincial. Mediterráneo ha sido especial testigo del debate político, institucional y económico generado con los accesos ferroviarios al puerto de Castellón por el sur, que finalmente se realizarán por la alternativa centro gracias al consenso institucional y político alcanzado. Aunque no económico que en esta lid poco influye. Un consenso en el trazado que debe ahora continuar con el proyecto constructivo y ambiental para que el impacto en el territorio sea el mínimo posible.

Y Mediterráneo también ha sido altavoz de otra infraestructura, la línea de alta tensión que va a recorrer de norte a sur la provincia, que afecta a 17 municipios, de Morella a Almassora, y que genera y va a provocar una agria polémica a raíz de que el debate sobre su impacto se está intentando ocultar o minimizar por parte de Red Eléctrica.

Pasa por municipios pequeños a los que les afecta el término y pasa por parajes protegidos y zonas sensibles sin apenas información, negociación, compensación o rectificaciones aprovechándose de la falta de articulación territorial, política y social. Y va a llegar como elefante en cacharrería si nadie lo evita. Pues para ello también habrá que provocar debate público.

Querido lector:

Los resultados del barómetro oficial (CIS) que radiografía la sociedad española y valenciana (aunque en momentos distintos, la primera del pasado mes de abril y la segunda en octubre del 2012) tienen sus peculiaridades particulares según se trate de un ámbito u otro, pero también comunes. El más llamativo en cuanto a coincidencia, aunque en el CIS autonómico no especifica la intención de voto, es la progresiva desconfianza de la ciudadanía hacia los dos grandes partidos, PP y PSOE lo que provoca una tendencia a la polarización política con el crecimiento en el conjunto del país de IU y UPyD, cuestión que conjuga con algunos estudios demoscópicos recientes de la Comunitat.

Lo mismo ocurre con las cuestiones socioeconómicas. A juicio de los entrevistados en los dos ámbitos, el principal problema que existe actualmente en la Comunidad y en España es el paro, seguido de los problemas económicos, la clase política en general, la corrupción y el fraude. En este sentido, las valoraciones son muy parejas, aunque se da la circunstancia de que en la Comunitat la corrupción sorprendentemente obtiene peor resultado en el ámbito nacional que en el valenciano. Con todo lo que ha caído.

Y otra cuestión que contrasta con las pesimistas percepciones de los valencianos sobre la situación económica. Según el CIS, en relación a la calidad de vida en la Comunitat, el 68,7% de los encuestados asegura que es “buena” o “muy buena” y que comparada con otras autonomías es igual (46,4 %) o mejor (25%), lo que indica que el grado de apego a la terreta no es solo un tópico, aunque en cuanto a la capacidad de reacción de la economía valenciana para salir de la crisis la vemos baja.

Por último, una cuestión llamativa en relación a la concepción de la autonomía muy propia y casi tópica de los valencianos. Nos posicionamos en contra de cualquier independencia (solo un 4,7%), mientras que hasta un 30,6% abogaría por un Estado con un único Gobierno central sin autonomías y un 23% por un Estado con comunidades autónomas como el actual.

Querido lector:

Conforme avanza la legislatura, los partidos políticos en Castellón van adoptando algunas decisiones con el fin de preparar sus estrategias hacia las próximas elecciones municipales y autonómicas. Aún queda mucho, pueden suceder muchas cosas y a velocidad de vértigo, aunque algunas cuestiones van quedando claras.

El que presenta el estado más inmovilista es el PP. Ostenta el poder y, como tal, sus movimientos serán más lentos. Su principal enemigo es la crisis y la gestión de la crisis que lleva a cabo el Gobierno central. Para el PP de Castellón, esta circunstancia puede ser su principal hándicap, tal y como parece en la mitad de la legislatura; o una baza que sume en el más que improbable escenario de un cambio a mejor de la situación. Del mismo modo, desde el PPCV tampoco están las cosas más claras. El Gobierno autonómico apenas tiene autonomía económica para hacer acción política, la desastrosa herencia de Camps pesa como una losa, y el calendario judicial que se les avecina va a suponer sobresaltos y vaivenes constantes. De esta guisa, su nuevo líder ya sobradamente consolidado, Alberto Fabra, no parece creérselo aún y parece esperar a ver cómo discurren los acontecimientos para mover ficha, aunque algunos piensan con razón que si se encanta podría ser ya tarde.

El PSPV, por su parte, anda inmerso en la búsqueda de un espacio cada día más estrecho, con un Ximo Puig atareado en la reunificación viendo las orejas del lobo por la izquierda y con un partido en la provincia desnortado, donde cada agrupación va a la suya, pasando de una vacía dirección provincial y con unas primarias por delante que de nuevo serán arma de doble filo.

Compromís, en cambio, es todo optimismo, aunque ya no tenga más espacio socialista de donde sacar votos y aunque el chirrido ideológico provoque sarpullidos a su nuevo líder provincial, Enric Nomdedéu.

Y por último EU se hunde en plena batalla cainita por colocar a Albiol, y corre el riesgo de quedarse sin el rédito socialista logrado, lo que beneficiará a Compromís.

Querido lector:

Alberto Fabra se ha traído a Castellón a todos sus consellers para establecer una estrategia de gobierno ante el nuevo escenario descrito por la vicepresidenta y los ministros económicos de Mariano Rajoy en el último Consejo de Ministros. Un consejo en el que inexplicablemente para las huestes del PP no se destacó como valor positivo la flexibilización del objetivo de déficit por parte de Europa, ni se explicaron las famosas reformas anunciadas, sino en el que se resaltó con cara de fatalismo nada pedagógico la imposibilidad de controlar la lacra del paro durante la presente legislatura.

Quizá por ello, el president de la Generalitat ha celebrado Consell extraordinario en casa, en el Grao, a fin de visualizar su desacuerdo con su jefe de Madrid y poner las pilas a sus consellers a fin de establecer como objetivo prioritario de su gobierno la lucha contra el paro, que no es otra, claro está, que la creación de empleo.

¿Cómo? Primero, según ha trascendido, no imitando el discurso pesimista de Rajoy. Y en segundo lugar, rascando presupuesto de donde se pueda en las cuentas autonómicas para destinarlo a políticas de empleo a fin de bloquear su caída y reducir la cifra alcanzada en la última EPA de 700.000 parados. Para ello, claro está, es básico que el Gobierno permita una flexibilización del déficit autonómico para que pase del 0,7% inicial en 2013 al 1,8% reivindicado por la Generalitat a fin de asegurar, junto con el FLA recientemente anunciado, tanto la cobertura del gasto corriente como los planes de pagos a proveedores.

Pero, al parecer, no todo ha sido empleo. También Castellón ha sido el escenario elegido por Fabra para espolear a su gobierno a la hora de comenzar a ser proactivo. Es decir, por lo visto les ha exigido un plus de actividad política añadida a la gestión, porque las citas electorales se acercan y los escenarios políticos son adversos debido a la crisis económica. Se trataría de una proactividad que les permita vender gestión al tiempo que dejar de ir a remolque de la oposición y de errores propios que luego cuesta remontar.

Querido lector:

Los accesos ferroviarios al puerto de Castellón por el sur para conectar el principal centro logístico de la provincia con el corredor mediterráneo que ha proyectado el Ministerio de Fomento, como era de esperar, han desatado la disparidad de criterios entre municipios, técnicos y vecinos, en función de las afectaciones particulares a cada uno de ellos en las dos propuestas elaboradas por el Gobierno. Estos dos trazados, como saben, discurren por Castellón (el acceso sur central), y por Almassora y Vila-real (el acceso sur sur), municipio este último que reivindica además la estación intermodal que deberá construirse y que Fomento ha proyectado anexa a la zona portuaria invariablemente para los dos trazados.

Y uno de los dos deberá ser el elegido inicialmente, al tiempo que modificado en sus impactos visuales, paisajísticos, constructivos y ambientales posteriormente, en función de las alegaciones presentadas por los afectados.

Así la situación, hace unos días reclamaba en esta misma columna un arbitraje político para lograr un consenso que haga que los intereses provinciales sean defendidos al unísono ante Madrid. Allí, la sensibilidad con el territorio se limita a líneas y rayas en unos planos, por lo que es necesaria la presión fuerte que otorga el consenso. Fomento nunca construirá una infraestructura con la oposición incontestable del territorio donde se instale.

Por esta razón, se hace más necesaria que nunca la uniformidad de criterio entre Castellón, Almassora y Vila-real. La división conseguirá que sea Fomento el que decida la partida e imponga sus criterios, acertados o no, pero que siempre serán una lotería al fin y a la postre con la sensibilidad y el conocimiento del terreno de los afectados.

El arbitraje puede corresponder a la administración autonómica, que también tiene competencias en la infraestructura, o al liderazgo político provincial. Ambos espacios están ocupados por Javier Moliner e Isabel Bonig, a la sazón presidente y secretaria general del PP provincial, y deberán tener en cuenta el interés general, es decir, la necesidad de que los accesos se construyan como elemento clave para la competitividad y el futuro de la economía, la necesidad de consenso en el trazado y la necesidad de minimizar el impacto en el territorio.