Querido lector:

Mediterráneo celebra hoy la entrega de los premios Empresa del Año en su décimosexta edición. Un certamen orientado a reconocer a la mejor empresa del año del ejercicio 2012 y a otras seis firmas en diferentes aspectos de la actividad empresarial. Un reconocimiento que se extiende a todo el tejido empresarial castellonense, con más ejemplaridad si cabe en estos momentos de difícil coyuntura económica con una crisis galopante que arrastramos desde hace seis años.

Los premios son los más importantes de la economía castellonense. No por Mediterráneo, ni muchísimo menos, sino por la calidad del jurado que propone primero y valora después a las empresas seleccionadas en un arduo proceso de análisis de casi cuatro meses, donde se ponen de manifiesto la trayectoria, la rentabilidad, el volumen, la iniciativa, la expansión, la calidad de procesos y productos, el compromiso social y con el medio ambiente, la innovación y el desarrollo, los recursos humanos de cada candidata… Una serie de parámetros que al final dan como resultado unas propuestas muy estudiadas que reflejan bien a las claras el valor empresarial de las firmas premiadas.

Pero además de los reconocimientos, el certamen Empresa del Año, es también un encuentro empresarial, político y social donde se manifiestan las principales preocupaciones empresariales, donde se pone en valor la responsabilidad social de las empresas y donde se plasman las reivindicaciones de la economía de Castellón. Es un certamen, en definitiva, donde se toma el pulso a nuestra economía provincial, a su evolución, a su coyuntura, con sus defectos y sus virtudes.

En esta edición, ya se lo adelantamos hoy, ese pulso pasa por la terrible carencia de financiación crediticia y de liquidez, una circunstancia que está poniendo en jaque a nuestras empresas, con tremendas dificultades para garantizar su viabilidad y por tanto cortando de raíz la posibilidad de crear empleo, la gran lacra. Una carencia que a duras penas se supera con el esfuerzo y la iniciativa por existir.

Querido lector:

La Cámara de Comercio organiza este viernes la segunda edición del Congreso de Inteligencia para la Internacionalización, la palabra más de moda hoy en día, y donde impartirán ponencias expertos de departamentos de exportación, internacionalización, inteligencia y comunicación de reconocidas multinacionales. La Cámara espera reunir a 500 empresarios y responsables de la gestión de empresas de la provincia dada la calidad de los intervinientes y la importancia del acceso al mercado exterior para la supervivencia de las empresas.

Y esas empresas que acudirán serán en su gran mayoría pequeñas y medianas firmas, las que integran nuestro tejido productivo. Empresas que, salvo unas pocas, generalmente relacionadas con la cerámica o la citricultura, nunca han tenido la oportunidad, la ocasión o la posibilidad de buscar mercados fuera de las fronteras nacionales. Por una parte porque no lo necesitaban debido al nivel de negocio que el mercado provincial, regional o nacional les permitía; por otra, porque lo habían considerado inalcanzable antes de la generalización de las nuevas tecnologías; y también porque es necesario una serie de conocimientos y asesoramientos antes de iniciar la aventura.

Con la crisis actual, a pesar de ser conscientes de que en muchas ocasiones la supervivencia depende de la internacionalización, han visto un cuarto obstáculo: la financiación, la obtención de líneas de crédito que permita llevar a cabo el proyecto hacia el exterior y que debido a su inexperiencia y sobre todo escaso tamaño los bancos les niegan ahora sistemáticamente.

Y es ahí precisamente donde está el quid de la cuestión, que ya les destacaba hace unos días. A las pymes, aunque puedan establecer estrategias para abordar mercados exteriores, si no poseen líneas de financiación y crédito que se lo permitan, les será imposible. Y hoy por hoy, si ya les es difícil obtener de un banco liquidez para el día a día, no les digo para un proyecto de internacionalización. Casi algo así como ver que los burros vuelan.

Querido lector:

El Obispado de Castellón, sorprendentemente a causa de su naturaleza, está demostrando un nivel ético mucho menor que el de los partidos políticos al uso y muchísimo menor a todas luces en relación a la exigencia ciudadana general con los imputados, sea cual fuere su condición política, económica, social o religiosa. Como mucho el Obispado de Castellón se comporta de manera similar en esta materia a la mínima exigencia ético-política que reflejan los estatutos de la mayoría de partidos políticos en relación a la imputación de sus integrantes, bien sea por corrupción –el aspecto más frecuente– o por otro tipo de imputación relacionada con hecho delictivo, en relación al caso del director del colegio diocesano Mater Dei y del Seminario Mayor de Castellón, que declarará en breve como imputado por un supuesto delito de abusos sexuales a un exalumno.

La diócesis que gobierna Casimiro López, según expresó en un comunicado el mismo día de la publicación de la noticia a cargo de Mediterráneo, no da credibilidad alguna a la imputación por provenir de un exalumno que había sido excluido del internado por “indisciplina y falta de aprovechamiento y de disponibilidad para la corrección”, y al apreciar una causalidad directa entre este hecho y la acusación de abusos sexuales al director.

Es decir, ha decidido no apartar al sacerdote y seguir manteniéndolo en sus funciones hasta que se tome una determinación por parte la autoridad judicial porque el alumno ha actuado por venganza, a pesar de la gravedad de la imputación y de la apertura de diligencias a cargo del Juzgado número 1 de Castellón.

El Obispado de Castellón, por tanto, no emplea con este caso la vara de medir que emana del Vaticano y que impuso el anterior Papa tras los escándalos de la pederastia y que sí empleó, por ejemplo, la orden carmelita en relación al caso de la denuncia por presuntos abusos de un exmonaguillo a un fraile de la orden en la provincia.

El Obispado realizó su propia investigación, que por lo visto, es la que vale. Pero, ¿y si lo condenan?

José Laparra, expresidente del C.D. Castellón, fue la imagen social del triunvirato que formó junto a Osuna y Blasco, que en su día adquirió el club para llevarlo unos años más tarde a la ruina total. Pronto comprobaremos hasta qué punto fue así tras la investigación judicial abierta y que ahora inicia la fase de declaraciones públicas.

Laparra era el chico agradable, simplón, sin malicia si lo comparamos con sus dos socios y que ciertamente sufrió las maniobras oscuras y ladinas de estos hasta cobrarle parte de su salud. Era la pantalla que ocultaba el verdadero trasfondo del que a más no poder se afanó en desmarcarse. Su responsabilidad real, no obstante, la dirimirá la justicia y desde luego, el turbio asunto del asalto a la casa de la pitonisa junto a unos presuntos sicarios con pistola simulada para que le devolviera el dinero que supuestamente le pagó por un conjuro de amor de lo más friqui que desveló Mediterráneo, no le va a ayudar en nada. Todo lo contrario, es posible que desvele su verdadera psicología.

Porque además de su irregular y sospechoso paso por el CD Castellón y del ridículo y grave asunto del asalto a la pitonisa por el que le pueden caer dos años de cárcel, a Laparra hay que sumarle una actividad empresarial más que límite. De promotor inmobiliario y gestor de residencias de la tercera edad, actividades a las que la crisis le ha cobrado buena factura, ha pasado ahora a desempeñar la labor de una especie de testaferro/socio/empleado o lo que sea en algunos negocios de Ángel De Cabo. Sí, el liquidador valenciano de empresas del caso Marsans, ahora en la cárcel con una de las fianzas más altas nunca impuestas por la justicia española y en espera de juicio junto al expresidente de la CEOE, Díaz Ferrán.

Una actividad que acumulada a las anteriores, no le va a dejar precisamente una imagen impoluta ni le va a permitir presentarse en sociedad y sede judicial como un angelito inocente que veía pasar las cosas, no las entendía o al que engañaban. A los hechos hay que remitirse y estos hablan bastante.

Las últimas estadísticas sobre exportación ratifican la evidencia: que el comercio internacional es de lo poco que funciona bien en medio de tanta crisis en España.

Lo hace en el ámbito autonómico y en el ámbito nacional, donde se ha conseguido un hecho insólito, tener el primer superávit desde 1971. En Castellón, los datos no son tan positivos, y en cifras globales han caído de enero a marzo en un 5%, si bien es algo relativamente lógico, después de llevar encadenando dos ejercicios con subidas espectaculares. Aun así, y para tranquilidad de los castellonenses, hay que reseñar que el sector azulejero, a título individual, continúa demostrando su fortaleza y ha crecido otro 6%, ejerciendo en solitario el papel de motor de la economía provincial.

Los datos tienen una doble trascendencia. Primero, porque un incremento de la facturación significa un aumento de los recursos económicos en Castellón y el mantenimiento de puestos de trabajo en las empresas. Del otro, prueba la capacidad de nuestros empresarios para superar las dificultades. Porque esta es la realidad: han recorrido la travesía del desierto con éxito y sin apoyos públicos.

Ahí es adonde yo quiero llegar hoy. Si la actividad de las empresas crece sin ayuda y sin crédito, ¿qué no serían capaces de hacer nuestros empresarios si contaran con más respaldo de las administraciones públicas y de las entidades financieras? No se trata de dar pan para todos. La solvencia y las garantías de retorno de los créditos son requisitos básicos. Pero no es de recibo cortar el grifo indiscriminadamente.

Tras meses de recortes, es hora de dar paso a la dinamización de la economía, y eso solo se conseguirá con apoyo al consumo y a la exportación. Deberían tomar nota, ya, tanto el ministro Soria como el conseller Buch, para acelerar un proceso que beneficiaría a todos. Hasta ahora, solo han dado muchas buenas palabras, pero pocos hechos. La apuesta debe ser firme e inmediata. Asúmanlo como una inversión a medio plazo. Los cinco millones de parados se lo agradecerán.

Querido lector:

La patronal valenciana ha organizado estos días un encuentro sumamente interesante con la finalidad de facilitar la internacionalización de las empresas de la Comunitat. Ha logrado reunir en Valencia a la práctica totalidad de los embajadores de la Liga Árabe en España para intensificar o iniciar contactos entre estos países y el tejido empresarial valenciano, entre ellos el castellonense. Sin embargo, de la provincia de Castellón apenas han acudido una treintena de empresas. Y eso que el mayor volumen de exportaciones que desde la Comunitat Valenciana parte hacia los países árabes del Magreb y de Oriente Medio procede de Castellón, de los sectores industriales cerámico y de fritas y esmaltes.

La oportunidad que se brinda no ocurre todos los días ni es fácil hacer coincidir a un conjunto de diplomáticos de estas características en un mismo espacio y al mismo tiempo y con la finalidad de negocios propuesta. No es un cónclave para cerrar negocios sino para sondear mercados, comprobar estrategias o conocer e informarse sobre posibilidades de futuro. Sin embargo, insisto, la convocatoria no ha cuajado entre los empresarios castellonenses, ya que de las doscientas empresas que han acudido tan solo un 15% procedían de Castellón.

Las razones del desinterés pueden ser varias. Por un lado, las empresas de la provincia de los sectores mencionados ya tienen penetración en estos mercados desde hace años. Y en Castellón, otros sectores con vocación exportadora, salvo el hortofrutícola, no se han desarrollado.

Y por otro, el encuentro estaba destinado especialmente a pymes, pequeñas y medianas empresas que hasta ahora no habían podido o querido iniciar la aventura de la internacionalización, a pesar de que la crisis del mercado interno nacional no deje muchas más opciones.

Y es ahí precisamente donde está el quid de la cuestión. A las pymes, aunque puedan establecer estrategias para abordar mercados exteriores, si no poseen líneas de financiación y crédito que se lo permitan, les será imposible. Y hoy por hoy, es básicamente lo que falta.

Querido lector:

La IV edición del Congreso Castellón 2020 que organiza la Universitat Jaume I con la colaboración del periódico Mediterráneo celebró ayer su última sesión donde se expusieron las principales conclusiones de las numerosas sesiones, ponencias, conferencias y mesas de trabajo llevadas a cabo durante cuatro meses con el objetivo de exponer a la sociedad de Castellón las ideas que el conocimiento castellonense puede aportar para la reactivación de la economía, la lucha contra la crisis y para la consecución de una economía provincial más equilibrada y más preparada para afrontar periodos duros como el que vivimos.

Y en el sexto año de la crisis más adversa en décadas, la prioridad básica que ha destacado el congreso, como no podía ser de otra forma, es la necesidad imperiosa de aplicar políticas que faciliten la creación de empleo. Y alrededor de ella se mueve el decálogo de propuestas que se han lanzado. Para crear empleo es necesario que finalice ya el periodo de austeridad absoluta y que comiencen políticas de crecimiento basadas en la facilitación de liquidez y crédito a las empresas; que se pongan en marcha diversas políticas públicas encaminadas directamente a crear empleo con prácticas formativas remuneradas en empresas, con incentivos fiscales a las empresas y con programas de emprendimiento que capaciten y faciliten el autoempleo, entre otras, y una lucha denodada para que aflore la economía sumergida, con la crisis cada vez más creciente.

Se trata de un compendio de propuestas, junto a las ya publicadas en los tres congresos anteriores, que están pasando a formar parte del ideario colectivo castellonense. Ese al que instituciones, organizaciones y empresas miran para basar sus estrategias e ideas de recuperación, de activación o de puesta en marcha de proyectos. Se trata, en definitiva, de la aportación del centro académico y de investigación más importante de Castellón, la UJI, a la sociedad y a la economía que la sustenta a fin de que corrija sus desequilibrios y encamine sus pasos y el de sus agentes hacia el desarrollo.

Querido lector:

La negociación de la relajación del objetivo de déficit para las comunidades autónomas, una vez Bruselas parece que va a dar el oxígeno solicitado por España para el déficit nacional, está provocando agrios debates entre comunidades autónomas a diferentes niveles y en el seno de los propios partidos.

Les sitúo ya que el tema no es nuevo, aunque los escenarios recientes sí. Primero fue la discusión sobre la relajación de los duros objetivos de déficit impuestos por Rajoy para 2013 después de conocer los dispares resultados ofrecidos en 2012 por cada autonomía. Después, el debate sobre la necesidad de subir o relajar el déficit en función de esos resultados con lo que cada autonomía defendía sus propias circunstancias y que dio lugar a la teoría del déficit asimétrico, defendida en nuestro caso por el presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra.

Ahora, tras las negociaciones bilaterales de Rajoy y Mas, donde se explicita un déficit para Cataluña a la carta, varios presidentes de autonomías gobernadas por el Partido Popular se salen de cualquier disciplina de partido y reniegan de este trato que se presupone preferencial.

Entre esas voces no está la valenciana, quizá porque Fabra ha estado estos días en Bruselas, quizá porque no se alinea con Madrid, Aragón, Extremadura o La Rioja o quizá porque le interesa seguir a rebufo de la línea iniciada por Rajoy y Mas para ese déficit asimétrico que ha defendido para la Comunitat.

Porque si el presidente Mariano Rajoy ha pedido a sus barones “generosidad y grandeza” en este asunto y les ha indicado de que o eran capaces de ponerse de acuerdo en el Consejo de Política Fiscal sobre una distribución asimétrica o se lo impondría él, debe significar claramente que va a ser así.

Ahora bien, si Fabra sigue la línea de su jefe frente a la revuelta de otros barones y por muy condicionada que esté en la biteralidad con Cataluña, el pago político a su respaldo no puede bajar de un déficit similar al catalán, al que inicia la asimetría. Si no es así, su estrategia no habrá servido para nada.

Los datos referidos a Castellón del Instituto Nacional de Estadística en relación al empleo público reflejan claramente dos etapas en la prolongada crisis que padecemos para explicar la evolución del paro.

Una primera de destrucción masiva de empleo en el sector privado, principalmente en el sector de la construcción, cerámica y servicios, con una evolución del paro que partía del 7 u 8% en 2007 hasta llegar a superar el 25% en 2011. Fueron los años de las crisis prolongadas de las empresas del ladrillo y de la reconversión durísima en el potente sector del azulejo castellonense, que sin embargo la economía de Castellón fue capaz de digerir sin gran conflictividad social o laboral y eso que hablamos de cifras que pueden llegar a los 40.000 o 50.000 parados en solo cuatro o cinco ejercicios.

Y una segunda etapa de freno en términos generales de la caída de ese paro en la empresa privada, para dar paso a un aumento del paro en empleados públicos, que no funcionarios, hasta superar la cifra total del 30% actual en 2013 entre unos y otros. En el sector público nos referimos a unos 5.000 parados en el último año contabilizado. Una etapa donde la conflictividad social ha aumentado notablemente.

Esta descripción de tendencias generales nos indica, por tanto, un par de señales que debemos tener en cuenta. O bien la crisis impactó mucho mas rápidamente en la empresa privada con destrucción de empresas y fuertes ajustes en las supervivientes, o bien el sector público, cuyos directivos son la clase política, reaccionó mucho más tarde a la misma y comenzó a reestructurarse nada más y nada menos que cinco años tarde. Eso sí, aguantando la caída de ingresos provocada por la crisis con la única receta del endeudamiento. Un endeudamiento que está lastrando ahora el modelo haciéndolo insostenible y sin tener en cuenta que esa falta de reacción a la crisis no solo afecta a sus empleados públicos ahora, sino a todo el conjunto de la sociedad receptora de sus servicios y prestaciones.

De esta guisa, ¿quién quiere que los políticos administren?