El observador

Dicen que el ministro Gallardón, dentro de la nueva ley de Enjuiciamiento Criminal que prepara, quiere incluir una medida que pasaría por apartar de forma temporal del cargo en la Administración, e incluso de su escaño parlamentario, a un político que resulte imputado y deba vérselas con la Justicia.
La iniciativa, de seguir para adelante, le vendría a Alberto Fabra al pelo, por los varios imputados que tiene en estos momentos en Les Corts Valencianes –y a la espera de Camps y Barberá-. Aunque, bien mirado, el presidente del Consell y del PPCV se ha adelantado a Gallardón apartando a los imputados de sus responsabilidades en el partido, en el grupo parlamentario y en la Administración. Es decir, hasta donde él puede llegar, ha seguido con su política de tolerancia cero, pese a que el listón aplicado ha creado cierta controversia porque hay quien sostiene que todas las imputaciones no son iguales. Y el caso Cooperación, en el que está a punto de ir a juicio el exconseller Blasco, pasa por ser un ejemplo de los más graves, de los que se debería aplicar por ley el abandono del escaño parlamentario.
Volviendo a Gallardón, la suya es una iniciativa que muchos pueden tachar de oportunista por plantearse ahora, cuando la clase política está en entredicho y es el cuarto problema para los españoles, según la encuesta del CIS.
Y recalco lo de oportunista porque alguien se puede preguntar qué diferencia hay entre un político imputado, por ejemplo, en el 2005 y uno ahora en el 2013. Ninguna. Pero más vale tarde que nunca.

Francisco Camps hace ya tiempo que no deja a nadie indiferente con cada gesto o en alguna de las raras ocasiones en las que habla. El pasado 21 de mayo, y coincidiendo con los dos años de las elecciones locales y autonómicas, el expresidente de la Generalitat se reivindicaba recordando los 55 escaños que consiguió el PPCV bajo su liderazgo.
“Tres mayorías absolutas, tres legislaturas ganadas para cualquier político es algo realmente extraordinario y excepcional, así como obtener los 55 escaños con los que el PP sigue gobernando con una mayoría aplastante en un parlamento en el que se teme el ascenso del tripartito”. “55 escaños no se sacan todos los días”. Y nada más. O nada menos. Eso fue lo único que los periodistas le arrancaron de su boca, prácticamente sellada desde que el caso de los trajes ligados al Gürtel le obligó a dimitir de presidente del Consell y del PPCV, cuando la pregunta era en relación a su implicación en el ‘caso Nóos’ (ya saben el de Urdangarin), del que está a un paso de la imputación.
Y se reivindicó horas después de la entrevista en la que el primer presidente del Gobierno del PP, José María Aznar, deslizara su voluntad de regresar a la primera línea. Casualidad o no, eso lo dejamos a la imaginación de cada cual.
No pasa nada si un político alardea de sus logros electorales. Está en su derecho. Camps lo ha hecho y hay que reconocerle que, pese a las dificultades iniciales con las divisiones internas de zaplanistas y campistas o todo lo del Gürtel que vendría después, logró renovar las mayorías en Les Corts.
Pero no es menos cierto que esa reivindicación llega cuando la Comunitat Valenciana no pasa por sus mejores momentos, y buena culpa de ello se debe a su gestión. Una tasa de paro del 29% (más de 725.000 desempleados), la pobreza en la Comunitat diez puntos por encima de la media estatal, la caja de la Generalitat vacía con dependencia económica casi absoluta de Madrid, deudas a los farmacéuticos, proveedores de hospitales, discapacitados, universidades, comedores escolares, dependientes, ayuntamientos, empresas varias, abogados del turno de oficio… y, además, varios diputados autonómicos que él eligió en las listas y otros tantos cargos de la administración que él gestionó están implicados o imputados en casos de corrupción.
Ante todo ello, las preguntas son obvias: ¿de qué presumía el otro día el señor Camps? ¿No le hubiera salido más a cuenta quedarse callado como ha venido haciendo hasta la fecha? Y la que se hace todo el mundo: ¿por qué no abandona su escaño y deja de forma definitiva la política?

Justo cuando faltan dos años para las elecciones municipales y autonómicas –y con unas europeas de por medio que se convertirán en el verdadero test– Alberto Fabra cumple su primer aniversario al frente del PPCV, un partido que presenta signos más que evidentes del lógico desgaste que conlleva estar 18 años en el poder. Un desgaste que se ve acentuado por todas las consecuencias que ha traído consigo la crisis económica y el desprestigio de la clase política, sobre todo en los dos grandes partidos.
Abrumado por las circunstancias, este primer año de Fabra en el PPCV ha transcurrido en un ambiente de pesimismo y desazón. Falta músculo -¡ay Ricardo Costa!– y el presidente es consciente de ello. Por eso en abril reunió a los barones provinciales para reclamarles mayor implicación y compromiso para volver a ilusionar a las bases e intentar remontar unas encuestas que ahora le darían el gobierno a los tres partidos de la oposición (PSPV-PSOE, Compromís y EU).
Fabra debe aún consolidar su liderazgo y para eso le falta ganar unas elecciones. Su primera oportunidad será dentro de un año con las europeas. Una cita electoral menor pero que será la mejor encuesta para testar en qué situación está el PPCV. Con esos resultados en la mano, sean los que sean, deberá afrontar un año decisivo cara a las autonómicas y municipales, donde realmente se la juega. Un año preelectoral con la dificultad de tener la caja vacía y una dependencia económica cuasi absoluta de Madrid que le impide ser reivindicativo. Con estos mimbres, no le queda otra que variar el rumbo con más acción política que le aleje de esa invisibilidad en la que parece instalado tanto el partido como el Consell. Si la coyuntura de aquí a dos años no mejora, la tarea será difícil. Por eso, no es misión de una única persona. Fabra debe contar con el apoyo de todos los pesos pesados del PPCV. Empezando por los suyos. Javier Moliner y José Císcar; por un populista Alfonso Rus, que solo trabaja para sí mismo; y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que por cierto: ¿dónde está? Y la de un Serafín Castellano, que no está ejerciendo de número dos, mucho más preocupado en acumular poder en el Consell que en trabajar en el partido, cuando debería tener en cuenta que sin un partido fuerte, motivado y engrasado no hay votos y, por tanto, sin votos no hay Consell. Y esto es aplicable a todos.

El azulejo de Castellón está haciendo los deberes y puede presumir de una salud más que aceptable para los tiempos que corren. Ha ajustado plantillas y producción para acomodarse a la actual coyuntura económica y eso le ha permitido al sector seguir siendo competitivo con cifras de exportación en números verdes. Pero ojo, no hay que bajar los brazos y seguir mejorando en todos los aspectos: con una gestión más eficiente, en costes más ajustados, nuevos nichos de mercado, a la hora de producir… Y hay que apostar por la innovación tanto en el proceso –hornos, líneas…– como de producto –más atractivo, nuevas prestaciones…– y seleccionar más y mejor los mercados con una estrategia a la carta según lo que se demanda y no al tun tun.

El Ministerio de Fomento ya debe haber tomado nota del consenso institucional y político alcanzado en Castellón para que los accesos sur al puerto se construyan en base a la opción central, aunque modificada en su planteamiento inicial para que no afecte ni fracture el término municipal de la capital, sobre todo allí donde existen grupos de viviendas. Nada de viaductos o terraplenes de 10 ó 12 metros de altura, lo que se plantea ahora es un recorrido en trinchera, túnel o semitúnel que minimice el impacto visual. Ese es el acuerdo que tomaron los tres ayuntamientos afectados (Castellón, Vila-real y Almassora), junto a la Conselleria de Infraestructuras, PortCastelló y la Diputación en una reunión convocada a instancias de la corporación provincial al que se sumó días después el PSPV de la Plana Alta, aunque en su petición incluyen que en esa opción central las vías vayan soterradas.
La Conselleria ha agrupado las alegaciones al estudio informativo del proyecto en un documento que presentará a Fomento, por lo que no hay excusas para que el Ministerio que dirige Ana Pastor agilice ahora los trámites para que los largamente reivindicados accesos sur al puerto –la primera propuesta data del 2003– cumplan los plazos establecidos y se materialicen cuanto antes.

El turista extranjero se ha dejado en el primer trimeste del año 39 millones de euros en Castellón, un 31% más que en el mismo periodo del pasado año. Y las fiestas y tradiciones como Carnaval, Semana Santa, Fallas o Magdalena han tenido buena culpa en ello. Sin duda se trata de una muy buena noticia para una provincia cuya cifra de parados supera los 67.000, –esta misma semana se ha incrementado en 220 más– y necesitada de un impulso económico.
Con todo, aun con este gran avance, Castellón todavía tiene mucho recorrido porque está a la cola en la Comunitat Valenciana: en Alicante ingresaron en tres meses 540 millones; en Valencia, 185; en Benidorm, 136, y en Valencia ciudad, 153.
Siete de cada diez turistas procedían de países de la Unión Europea y, entre ellos, la vecina Francia es la líder. Países que, aunque también sufren la crisis económica, no han sido golpeados de manera tan virulenta y mantienen índices de paro muy inferiores a los de España. De ahí la importancia de incrementar la promoción en Europa –en especial en la del Este– para atraer turismo que desestacionalice un sector que ahora solo funciona dos meses al año. Lo deja bien claro en una entrevista en ‘Mediterráneo’ (domingo, 5 de mayo) el catedrático y experto en turismo de la Universitat Jaime I, Diego López Olivares: “Castellón no está explotado y tiene ejes como Peñíscola, Morella o Vistabella que no se encuentran fácilmente”.
Hay que apostar por el turismo, crear una industria turística en la provincia que de trabajo a miles de castellonenses. Esta misma semana, el 8 y 9 de mayo, la Fundación Universitat-Empresa de la UJI acogerá unas interesantes jornadas sobre los espacios de ocio y deporte como dinamizadores turísticos.

El vicepresidente del Consell, José Císcar, reiteró ayer que la decisión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre si autoriza o no que la Generalitat avale el crédito que debe salvar a la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) no va a tardar y que espera que sea favorable. Son las mismas palabras que pronunció hace siete días y la misma desesperanza para los gestores de una entidad de la que dependen avales a créditos en la provincia por valor de 232 millones de euros, la cifra de riesgo vivo de los socios de la entidad.
El aval en cuestión no es por una cantidad desorbitada si se compara con las cifras de las que cada día se habla en relación con aportaciones de las administraciones públicas, por ejemplo, para ‘salvar’ a otras entidades financieras. Se trata de 150 millones de euros y tal vez por eso, porque es dinero para las empresas más pequeñas, los que sostienen el tejido económico, le cuesta tanto al ministro dar su permiso a la Generalitat para prestar su respaldo. El tiempo se agota, ya que el próximo 9 de mayo acaba el plazo y, si en ese día no ha llegado el aval, la SGR tendrá que iniciar su disolución. Es la condición imprescindible para que nuestra economía pueda volver a generar riqueza y, por tanto, empleo.

Las cifras no dejan indiferente a nadie: más de 15.000 familias de Castellón subsisten solo con ayudas municipales. La mayoría de estas ayudas se van en comida, en pagar el alquiler, la luz o el agua… Es decir, en las necesidades básicas del día a día de una familia. Y son los ayuntamientos, como la Administración más cercana al ciudadano, los primeros en recibir a los necesitados y las peticiones de ayuda.
Con unos índices de desempleo por las nubes, una lacra que gotea mes a mes y que destruye familias enteras, los ayuntamientos, junto con organizaciones religiosas como Cáritas, se han convertido en auténticos salvavidas para muchos. Por eso, se han visto obligados a subir las partidas sociales, que en los últimos años de la crisis económica se han triplicado, recortando de otras áreas para dar respuesta a lo más prioritario. Por desgracia, a corto plazo, las previsiones son las mismas, y los ayuntamientos ya han dispuesto en los presupuestos más dinero para este menester. Unas ayudas que sirven para tapar las urgencias pero que no se pueden sostener por mucho tiempo. De ahí que la prioridad absoluta sea propiciar, entre todos, Administración y agentes sociales, el marco idóneo para que la economía deje los números rojos y vuelva a crecer para que se cree empleo.

Los últimos datos ofrecidos por el Banco de España no dejan lugar a dudas: el crédito a los castellonenses se hunde. En los últimos tres meses del año pasado ha caído en 2.155 millones de euros, una cifra que se eleva a los 8.000 si la comparativa engloba a los últimos cuatro años. Y es que Castellón cerró el pasado año con apenas 18.080 millones de euros de saldo vivo destinado a las empresas y a las familias, un 30% menos que en el 2008. Sin duda se trata de una muy mala noticia que confirma una realidad económica envuelta en una espiral cada vez más asfixiante. Por eso urge tomar medidas contundentes para hacer posible que el crédito fluya, porque las empresas lo tienen cada vez peor para acceder a ese capital circulante que les ayude a mantener producción y empleos en una provincia muy castigada por el desempleo.
Y estos demoledores datos se conocen cuando el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro mantiene bloqueado el aval a un préstamo bancario de la Generalitat de 150 millones de euros para la refinanciación de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), lo que evitará su liquidación y permitiría a la entidad retomar su actividad de apoyo a los autónomos y pymes mediante el acceso al crédito y la mejora de condiciones de financiación.

Las consecuencias a medio plazo que puedan derivarse de la absolución del expresident Camps por parte del Supremo en el llamado caso de los trajes están todavía por ver, pero por los gestos de unos y otros se adivinan algunas intenciones. En primer lugar habría que analizar lo dicho ayer por José Císcar, el número dos de Alberto Fabra en el Consell, quien no escondió el bulto cuando le preguntaron: “Las decisiones sobre una posible reposición –de Camps– se deben tomar en otras instancias. Habría que hablar con Génova”. Es decir, que sea Rajoy quien decida qué hacer con el futuro público-político de Camps, si es que se ha pensado en hacer algo con él. La actual dirección del PPCV y el Consell hace tiempo que han pasado página con Camps y con el campismo, un dato demostrado cien veces con hechos que Císcar se encargó ayer de reafirmar. Como también se encargó de rearfirmar Rita Barberá, pero a la inversa. La extodopoderosa alcaldesa de Valencia, después de guardar silencio durante semanas, ha vuelto a evidenciar su cercanía a Camps porque siempre ha creído en su “honestidad” como “presidente, militante, persona y amigo”. Lo que no sabemos es si lo ha hecho porque realmente cree en él o porque a través de él quiere reivindicarse ante A. Fabra.